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viernes, 15 de mayo de 2015

Guerra avisada no mata soldado…

Carlos R. Altuna Tezanos
Santo Domingo
El pasado 7 de mayo, fue publicado en nuestros principales medios de comunicación social impresos por el ministerio de Interior y Policía, un aviso, que en palabras sencillas fue un recordatorio a todos los extranjeros que residen de manera ilegal en nuestro territorio, de que la fecha de vencimiento del “Plan Nacional de Regularización” será hasta el 17 de junio de este año a las 4 de la tarde.

Sin embargo, frente a este anuncio, nos resulta un tanto curioso y preocupante a la vez, la nota de prensa emitida por Cancillería dominicana a los diferentes periódicos, sobre la reunión con el Canciller haitiano, Lener Renauld, durante la celebración de la VIII Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Ecuador.

Mientras la entidad apoderada de supervisar y ejecutar el proceso regulatorio, da una especie de ultimátum a todos los ciudadanos ilegales que viven en el país, nuestro Canciller informa lo sobredicho por su homólogo haitiano, de que su gobierno: “Actualmente está trabajando en el proceso de estructuración de un documento de identifi cación, una especie de cédula de identidad, con el propósito de emitir el documento a la mayor brevedad a aquellos haitianos que apliquen en el Plan de Regularización en la República Dominicana”.

Evidentemente, es esto parte de una nueva estrategia diplomática del gobierno de Haití para tratar de ganar tiempo, pues el querer crear ahora un documento, que no sabemos si será un pasaporte o cédula de identidad, podrían estar ofreciéndonos una especie de caramelo envenenado, pues al enseñar sin querer su refajo, estarían mostrando su real propósito, que es simplemente establecer un compás de espera y detener las deportaciones al término de la fecha fi jada en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

El pasado 10 de mayo, y cumpliendo posiblemente los lineamientos de esa estrategia política, el nuevo embajador haitiano en el país, Daniel Supplice, consideró que el Programa de Identifi cación de Inmigrantes de Haití (PIDIH), que ejecuta su gobierno para documentar a sus ciudadanos radicados en República Dominicana “es un fracaso”. Planteando además la idea de que el gobierno haitiano buscará la extensión de la fecha de caducidad del Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) que ejecutan las autoridades dominicanas.

Supplice señaló, que el pedido de solicitud de su gobierno estará en el corazón de la próxima reunión de la Comisión Mixta Bilateral que se realizará a mediados de este mes, como anunciaron en Ecuador, el canciller dominicano Andrés Navarro y su colega haitiano Lener Renauld.

El diplomático, también reconoció durante una entrevista con el periódico haitiano “Le Nouvelliste”, que el Programa de Identifi cación de Inmigrantes de Haití estuvo desde el principio mal estructurado, y anunció que “su gobierno logró que el Estado dominicano acepte la Tarjeta de Identifi cación Nacional –cédula haitiana– para ser aceptado en el registro del “Plan de regularización dominicano”.

Hecho que al no hacerse ofi cialmente público en nuestro país, desconocemos si el gobierno dominicano lo aceptó como bueno y válido.

Expresó, que el PIDIH fue establecido en julio del año pasado, a fi n de proporcionar documentos –certifi cados de nacimientos, carnet de identidad, pasaportes– a descendientes de haitianos que viven ilegalmente en República Dominicana, y que las autoridades haitianas habían fi - jado la meta de identifi car a 200,000 personas, sólo 52,000 haitianos indocumentados que viven en República Dominicana fi guran inscritos en el programa, de los cuales apenas 2,000 han recibido su pasaporte y otros 15,000 su tarjeta de identifi cación nacional.

Daniel Supplice, también consideró que es importante que la “identifi cación de sus compatriotas” continúe más allá del 15 de junio, y manifestó que no era nada optimista sobre la decisión del gobierno dominicano de que ampliaría el plazo para la aplicación del plan de regularización de extranjeros.

Debemos recordar que el pasado 27 de febrero, dentro de las festividades conmemorativas al 171 aniversario de nuestra Independencia Nacional, el presidente Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, se refi rió al problema migratorio que durante décadas el Estado dominicano arrastró por las serias defi ciencias institucionales y legales en esta materia.
En ese momento afi rmo, reconociendo que este era un problema que se había ido postergando sin que ningún gobierno ordenara nuestro sistema migratorio de manera permanente, que frente a esa realidad, “decidimos actuar con responsabilidad y poner en marcha el plan de regularización y documentación más ambicioso que se haya realizado, no solo en nuestro país sino, me atrevería a decir, en todo el continente, y que ninguna nación del mundo, ni ningún organismo internacional, puede exigir a la República Dominicana que en materia de régimen migratorio, ni de ningún otro derecho soberano, asuma sacrifi cios al margen de lo que su ordenamiento constitucional y legal prevean”.

Advirtiendo que nadie puede albergar la más mínima duda, de que una vez concluya la ejecución de los instrumentos de regularización previstos en la normativa migratoria, no habrá más prórrogas, por tanto los extranjeros de cualquier nacionalidad sin regularizar, estarían sujetos a los procedimientos establecidos por la ley, siempre en el marco más absoluto del respeto a la dignidad de las personas, señalando además, que el plazo de vigencia del plan de regularización para las personas que residen en el país de manera irregular estará vigente hasta el 16 de junio de este año.

Hoy día, el país parece estar enmarañado en la actividad política, actividad que fascina y cautiva al dominicano, en una especie de cortina de humo en la que todos pareceríamos estar atrapados.

¿Qué si el partido se divide? ¿Qué si el partido tal se une al de su origen? ¿Qué si la JCE va a reconocer a tal partido? ¿Qué tal coalición enfrentará al partido de gobierno? y ahora con un nuevo ingrediente al debate politiquero, que si la reelección va o que si tales senadores y diputados están a favor o en contra? Mientras esto ocurre, la situación más peligrosa para la sobrevivencia de nuestra nación que se vislumbra en el panorama dominicano desde 1844, parece ser relegada a un plano secundario, tomando un giro diferente al esperado porque está en juego nuestro destino como nación soberana, mientras nuestro liderazgo político se enfrasca en una lucha de intereses políticos-partidarios, que dejan de lado el verdadero sentir del interés nacional. ¡Dios nos tome confesados¡ No dejo de reconocer que el gobierno dominicano ha afi rmado vehementemente en todo momento y circunstancias, que al fi nalizar el plazo establecido en los planes de regularización, todos los extranjeros que no se hayan acogido al mismo serán deportados a sus respectivos países de origen, respetando siempre los derechos humanos de cada unos de ellos.

Lo que suceda después de las cuatro de la tarde del 17 de junio, que a nadie le quepa la menor duda, será únicamente responsabilidad de los dominicanos, por la aplicación apresurada del “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular”. Así lo está haciendo percibir el gobierno haitiano ante la comunidad internacional, en su nueva estrategia diplomática, mediante la cual venderán la idea de que hicieron todo lo imprescindible para dotar de los documentos requeridos a sus ciudadanos ilegales residentes en el país.

Este es el verdadero meollo y propósito de su última insinuación en forma de propuesta, ante la cual parece que aquí no acabamos de entender que ellos siempre fi guran como víctimas, y no como victimarios, y nosotros como culpables de resquebrajar una relación armoniosa, pacífi ca, tolerante y solidaria, de un pueblo pobre que acoge a otro más pobre. Por lo que “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado”.

El autor es miembro fundador
del Círculo Delta

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